El Congreso aparca la comisión de Spanair (154 muertos) para dar prioridad al voto sobre RTVE
El grupo de trabajo sobre la tragedia de Spanair gasta diez semanas solo en hacer listas de comparecientes, lo que no impidió que incluyera a un investigador fallecido hace 4 años
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| Meri Pita, presidenta de la comisión de investigación sobre el accidente de Spanair, el día en que se constituyó. |
El control político de
Televisión Española es para el Congreso español infinitamente más importante
que la muerte de 154 personas en un avión estrellado en Barajas. Así quedó de
manifiesto este viernes en la Cámara Baja. El Congreso iba a acoger el
miércoles 4 de julio la primera tanda de comparecencias ante la comisión
especial creada para investigar el siniestro del vuelo JK5022, el avión de
Spanair cuya caída segó 154 vidas el 20 de agosto de 2008. Pero la elección de
6 miembros del consejo rector de RTVE se cruzó en el camino, con la perspectiva
de una votación este lunes y otra el miércoles si no hay mayoría cualificada el
primer día. Así que, para que ningún diputado pudiera perderse la votación
sobre RTVE, la consecuencia fue este viernes el desmantelamiento de la primera
cita de la comisión de investigación sobre la tragedia de Spanair. No es el único fiasco con el que arranca esta
comisión de investigación, que en su primer día tenía la pretensión de
interrogar a un investigador de siniestros aéreos que falleció en 2014.
La comisión de investigación
sobre el JK5022 se constituyó el 18 de abril pasado después de años de intenso
trabajo de la asociación de víctimas (AVJK5022) que preside Pilar Vera. Su
constitución generó grandes expectativas no solo entre las familias de las
víctimas, sino entre todos los colectivos del sector aéreo, empezando por
pilotos y controladores, que desde 2008 advierten periódicamente de todos los
agujeros de seguridad que siguen latentes en la aviación española pese al
trágico desenlace del vuelo de Spanair.
La comisión, sin embargo, no
acaba de arrancar. En diez semanas, sus integrantes no han hecho otra cosa que
cruzar listas predeterminadas para fijar la relación de comparecientes y
establecer un primer cribado de 34 nombres, de entre los cuales se seleccionó
la mitad para la primera fase de comparecencias. Consultados este viernes,
algunos destacados miembros de la comisión no fueron capaces ni de recordar los
nombres y cargos de los comparecientes finalmente citados. Nadie da tampoco una
explicación mínimamente razonable a que entre los comparecientes programados se
incluyera a un ingeniero aeronáutico e investigador aéreo que falleció hace ya
cuatro años.
Las dudas van mucho más allá.
La comisión integra diputados de varias circunscripciones y distintas formaciones
políticas. Entre ellos, el grupo más numeroso lo conforman parlamentarios de la
isla de Gran Canaria, el lugar hacia donde se dirigía el avión y la más
golpeada por un siniestro que mató a familias enteras. Salvo alguna excepción,
la mayoría de ellos exhibe en la trastienda de la comisión un desconocimiento
alarmante de los detalles operativos y las circunstancias en que la aeronave de
Spanair se desplomó sobre el arroyo de la Vega de Barajas. Sin conocer el caso,
difícilmente podrán interrogar con eficiencia a los comparecientes. Por si
fuera poco, a ello se añade el pasilleo en la trastienda, por si acaso la
comisión llega a descubrir posibles negligencias `in vigilando´ de quienes
gobernaban (Partido Socialista) y ostentaban entonces la responsabilidad de
supervisar la seguridad del tráfico aéreo y las responsabilidades de la
industria aeronáutica, o de quienes les sucedieron en la tarea.
Los diez años transcurridos
desde el 20 de agosto de 2008 han sido un calvario para las familias de las
víctimas del JK5022: diez años de lágrimas por los ausentes, pero también de
estrés por los reveses judiciales y el intento, cada vez más complejo y para
ellos desesperante, de averiguar todas las causas que llevaron a la muerte a
sus seres queridos. Sus esperanzas de encontrar justicia y verdad se desvanecen
poco a poco ante una comisión que arranca lastrada por el postureo político y
el juego de floretes de los intereses creados.
Llueve sobre mojado. La
trágica desaparición de 154 personas fue liquidada en la vía penal con un doble
carpetazo judicial y el archivo libre de la causa. Tras el portazo en la vía
penal fueron derivados a un juzgado de lo Mercantil para librar otra desoladora
batalla ante la aseguradora de la aerolínea, la compañía Mapfre. Por si había sido
poco, la comisión oficial de investigación de accidentes aéreos (CIAIAC) situó
el peso de la carga y todas las miradas sobre dos testigos forzosamente mudos:
los pilotos muertos en el siniestro.
Meri Pita es diputada de
Podemos por la provincia de Las Palmas y preside la comisión de investigación.
No es casual. La comisión nunca habría existido de no ser por el apoyo político
que le brindaron en el Congreso tanto Podemos como Esquerra Republicana de Cataluña.
Al carro tuvieron que subirse después los grupos grandes, cuyo desinterés por
ahondar en los muchos interrogantes de la seguridad aérea en España ya había
frustrado en el pasado otros intentos. Examinar la eficiencia de la seguridad
aérea nunca ha sido una prioridad en la agenda parlamentaria, pese a que España
es el segundo destino turístico mundial y su gestor de navegación aérea
gestionó dos millones de vuelos en 2017.
La desidia parecía haber
quedado atrás con la creación de la comisión de investigación del JK5022. Sin
embargo, tras diez semanas desde su constitución, la comisión tampoco acaba de
señalar con claridad cuál será su agenda definitiva y el orden e identidad de
los comparecientes. Para la primera cita se habían señalado dos nombres: Manuel
Bautista, director general de Aviación Civil entre 2004 y 2009, y el
investigador de siniestros aéreos fallecido cuya inaudita inclusión en los
listados permanece inexplicada.
El testimonio de las
autoridades aeronáuticas y en concreto de los responsables de Aviación Civil
cuando se produjo el accidente es uno de los elementos que se considera clave
para indagar en las causas que contribuyeron al fatal desenlace del vuelo
JK5022. No en vano, una de los grandes interrogantes a desvelar es por qué razón
el avión de Spanair volaba el 20 de agosto de 2008 con un certificado de
aeronavegabilidad que había vencido el 22 de julio de ese mismo año, que se
había prorrogado un mes más sin inspeccionar el aparato y que caducaba solo dos
días después de que el avión se estrellara.
Tras la suspensión de la cita
programada para el próximo 4 de julio, nadie sabe cuándo comparecerá el ex
director general de Aviación Civil y Meri Pita solo acierta a pronosticar que
se le reubicará en alguna otra sesión de julio. La agenda de la web del
Congreso sí recogió este viernes la citación para el jueves 5 de julio de la
actual directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Isabel Maestre, y de
la ex directora de Navegación Aérea, Carmen Librero.
Entre los futuros comparecientes
se supone que estarán también, entre otros, la ex ministra de Fomento Magdalena
Álvarez y antiguos responsables de AENA, de la seguridad de aeronaves y del
aeropuerto de Barajas.
Este viernes, Pita excusaba
la cancelación de la comisión del próximo miércoles con el argumento de que
todos los diputados debían tener la posibilidad de votar sobre el consejo
rector de RTVE. “Es una causa sobrevenida. No queríamos suspender. Hicimos todo
lo posible para mantenerla, pero los letrados nos dijeron que hay que respetar
los plazos de citación que se dan a los comparecientes”.
Lo cierto es que, entre
ponerse a trabajar en las causas que llevaron a la muerte a 154 personas y atar
la aritmética parlamentaria cosida por los pelos para la elección del consejo
de RTVE, en el Congreso se impuso lo segundo.
Los muertos del JK5022, que
sigan esperando.
