Así "mercadeó" el juez Alba un "acuerdo corrupto" con Miguel Ángel Ramírez, según la Fiscalía

Hay documentos que hay que leer íntegros, como el escrito del Ministerio Público que pide 10 años de cárcel para el juez Alba Mesa 


Han pasado 24 horas desde que fuera enviado a los periodistas y está (de desigual manera) recogido en los medios de comunicación. Pero hay documentos que hay que leer íntegros, sin interpretaciones, resúmenes ni apostillas. Sin duda, es el caso de este escrito de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias en el procedimiento contra el juez Salvador Alba.

En él, la Fiscalía describe cómo el juez Alba "mercadeó" con el empresario Miguel Ángel Ramírez para obtener documentos sobre sus relaciones con el periodista Carlos Sosa, pareja de la también juez y entonces diputada de Podemos Victoria Rosell. El objetivo final era, según la Fiscalía, un "acuerdo corrupto" para obtener información sobre Sosa y Rosell, a cambio de archivar las actuaciones contra el propio Ramírez por delitos contra la Hacienda pública (iniciadas a su vez por la Fiscalía que persigue delitos económicos).

Según el relato de la Fiscalía, el juez usó después esa información para enviar al Tribunal Supremo un informe "que deformó a su conveniencia". Lo que condujo a que el Supremo aceptara en abril de 2016 una querella de José Manuel Soria contra Victoria Rosell por supuestos delitos en su actuación como magistrada.

Pero es mejor que lean el documento íntegro de la Fiscalía. Y aquí va, íntegro y sin quitar ni los números de cada folio del original.



A LA EXCMA. SALA CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS

El Fiscal, evacuando al traslado conferido en el procedimiento anteriormente reseñado interesa, de conformidad con lo establecido en los artículos 14.4 y 781 de la LECrim, la apertura del Juicio Oral ante la Excma. Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y formula escrito de acusación contra el Ilmo. Sr. don Salvador Alba Mesa mayor de edad, conforme a las siguientes conclusiones provisionales.
PRIMERA. El 23 de octubre de 2015 el acusado SALVADOR ALBA MESA, mayor de edad, y sin antecedentes penales; Magistrado de la Sección Sexta de la Ilma. Audiencia Provincial de Las Palmas, interesó, en escrito dirigido al Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, su inmediato nombramiento en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria en régimen de Sustitución Voluntaria hasta que el mismo fuera cubierto por un titular.
El 30 de octubre de 2015 -en el Expediente Gubernativo de Sustituciones Voluntarias para el año 2015- se dictó, por el Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Acuerdo en el que designó al acusado, Salvador Alba Mesa, para hacerse cargo del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria (con efectos del día 28 de octubre de 2015). El único órgano ofertado fue el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, tras la declaración de su titular, la Ilma. Sra. doña María Victoria Rosell Aguilar, en situación de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial, para concurrir a las Elecciones Generales del mes de diciembre de 2015.
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El 3 de noviembre de 2015 el acusado tomó posesión como Magistrado en régimen de Sustitución Voluntaria del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
El acusado desempeñó su función jurisdiccional como Instructor de todas las causas judiciales que se tramitaban en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria hasta su cese, el 3 de mayo de 2016.
Asumió, por tanto, la instrucción judicial de las Diligencias Previas (DP) no 644/2014 incoadas mediante Auto de fecha 28 de enero de 2014 dictado por la Instructora doña María Victoria Rosell Aguilar. Auto en el que se delimitó el concreto objeto del proceso penal a instruir, motivado por la descripción fáctica acusatoria que dio origen al procedimiento: la querella interpuesta por la Fiscal Delegada de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Las Palmas contra don Miguel Ángel Ramírez Alonso, como administrador de Seguridad Integral Canaria S.A. (S. I. C) y contra la propia empresa (S. I. C), por delitos contra la Hacienda Pública referidos a los ejercicios económicos de 2008 y 2009.
En el mismo auto, delimitador del proceso a instruir, se ordenó dar traslado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la posible existencia de delito contra la Seguridad Social por impago de las cuotas en la parte que se refiere a las cantidades calificadas por S.I.C como “dietas”, y sin perjuicio de un posible delito contra los derechos de los trabajadores. Igualmente se ordenó por la Instructora librar oficio a la Agencia Tributaria y a la Inspección de Seguridad Social por la posible existencia de delitos en los ejercicios económicos de los años 2010 a 2013.
El acusado, plenamente consciente de cuáles eran los contornos propios del objeto procesal a instruir en las DP 644/2014 (delimitado claramente por la resolución anterior, por el posterior auto de 28 de abril de 2015 y por los concretos hechos objeto de imputación) realizó, en el período de tiempo comprendido entre el 3 de noviembre de 2015 y el 3 de mayo de 2016, una serie de acciones en aras a desvirtuar la configuración delimitada del proceso penal instruido. Desde esta ilícita -por arbitraria- perspectiva y bajo la cobertura
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procesal de estar impulsando la tramitación judicial de dicho procedimiento, actuó movido por un ánimo espurio, alterando las reglas básicas del proceso que instruía para ponerlo al servicio de un fin no confesado: la recopilación de material ajeno al proceso que sirviera de plataforma para perjudicar profesionalmente a doña Victoria Rosell Aguilar en su labor como instructora del procedimiento.
Para conseguir su ilegal propósito, el acusado (sin perjuicio de lo que más adelante se detallará en este escrito) tuvo que realizar una pluralidad de acciones arbitrarias e ilícitas. A saber, ejerció arbitrariamente el poder que le confiere su condición de Juez y garante de los derechos y libertades. Mercadeó con el investigado en las DP 644/2014, don Miguel Ángel Ramírez Alonso, para obtener una documentación que acreditase una relación de prestación de servicios entre la pareja de la anterior Instructora, don Carlos Ramón Sosa Báez, y alguna mercantil relacionada con el investigado don Miguel Ángel Ramírez Alonso. Realizó afirmaciones inveraces en el informe fechado el 20 de abril de 2016 y que el acusado remitió a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a instancias de ésta, para su unión a la Causa Especial incoada contra la entonces Diputada, doña María Victoria Rosell Aguilar.
Así, el 7 de marzo de 2016 el acusado recibió declaración judicial a Francisco Javier Chirino, director de los servicios de administración y contabilidad de la empresa (S.I.C.) y mutando el objeto del proceso penal le interrogó por la existencia de los contratos de publicidad que hizo don Miguel Ángel Ramírez con don Carlos Sosa en el momento en que la Sra. Rosell era la Juez de Instrucción. Al término de la referida declaración judicial el acusado trasladó directamente al letrado don Sergio Armario Quintana (quien asumía en la causa DP 644/2014 la defensa técnica del investigado don Héctor de Armas y de la mercantil Seguridad Integral Canaria) su indisimulado deseo de incorporar a la causa DP 644/2014 la documental consistente en los referidos contratos de publicidad -que anhelaba descubrir- aprovechando la instrucción de las referidas diligencias previas. El acusado concertó verbalmente, por medio del referido letrado y al margen de lo previsto en el derecho de defensa del artículo 24.2 de la C.E. así como de los artículos 118, 486 y 488 de la Ley de
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Enjuiciamiento Criminal, una reunión reservada con el investigado don Miguel Ángel Ramírez Alonso con el fin de obtener la codiciada documentación de los contratos.
El acusado con clara infracción de las normas procedimentales que regulan - durante la instrucción de la causa- la audiencia y citación de los investigados, y de las garantías constitucionales que le asisten y aseguran el derecho de defensa, acordó y resolvió de palabra la realización de la indicada reunión para el 16 de marzo de 2016 en su despacho de Magistrado de la Sección Sexta de la Ilma. Audiencia Provincial de Las Palmas en la Ciudad de la Justicia de esta capital. Igualmente dio orden verbal a los vigilantes de seguridad del edificio judicial para que permitieran el acceso al vehículo del investigado don Miguel Ángel Ramírez Alonso por la zona de garaje reservada únicamente para los funcionarios públicos y demás agentes de la Administración de Justicia, asegurándose de este modo que el investigado no fuera visto por la zona de audiencia al público.
De esta irregular forma, el acusado ejerció arbitrariamente el poder que le confiere su condición de Juez Instructor y actuó pura y simplemente por mor de su voluntad de incorporar a la causa, fuera de las vías legales y con grosera infracción de las normas procedimentales, una documentación contable, a sabiendas y con plena conciencia de que actuaba al margen del ordenamiento jurídico, convirtiendo así irrazonablemente su voluntad en aparente fuente de normatividad, porque únicamente quería el resultado de obtener la ansiada relación mercantil del investigado don Miguel Ángel Ramírez Alonso con don Carlos Sosa, anteponiendo el contenido de esta voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración.
Sobre las 13.50 horas del día 16 de marzo de 2016 el investigado don Miguel Ángel Ramírez Alonso accedió –por la zona restringida de garaje- al edificio judicial de la Ciudad de la Justicia acompañado del Letrado don Sergio Armario y se dirigieron al despacho del Magistrado acusado quien se quedó a solas con el investigado en su despacho.
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Aprovechando la ocasión que al acusado le brindaba la oportunidad de reunirse de manera reservada con el investigado, sin presencia alguna de letrado ni representación procesal de ninguna de las partes personadas en las DP 644/2014, se concertó con aquél para conseguir introducir en el proceso que instruía la contratación mercantil que tuviera el investigado con don Carlos Sosa.
El acusado, con claro incumplimiento de los deberes que le sujetaban como Juez Instructor, al estricto cumplimiento de la legalidad e imparcialidad en el desarrollo de su función jurisdiccional con el investigado en las DP 644/2014 don Miguel Ángel Ramírez Alonso, le solicitó la ejecución de un favor procesal y concertó la entrega de una documentación mercantil (que en aquel momento era ajena al concreto objeto del proceso penal) que aflorase una relación de prestación de servicios entre la pareja de la anterior Instructora, don Carlos Ramón Sosa Báez, y alguna mercantil relacionada con el investigado don Miguel Ángel Ramírez Alonso. El acusado, como retribución del acuerdo alcanzado, asumió ante el investigado el compromiso de dictar una resolución judicial que pusiera fin al procedimiento DP 644/2014 con argumentos y razonamientos fácticos y jurídicos de fondo que imposibilitaran, incluso, una reclamación de la Agencia Tributaria en vía administrativa por los ilícitos fiscales que se investigaban en las DP 644/2014 del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Ambos se beneficiaban del acuerdo corrupto, el Magistrado porque obtenía su retribución buscada de la documental contractual que, para su provecho o para el de un tercero, supondría el definitivo impulso a la querella ya promovida contra la entonces Diputada doña María Victoria Rosell Aguilar, y el investigado porque vería archivado su procedimiento judicial por delito fiscal.
Esta documentación mercantil y la declaración del investigado ajustada a lo que el acusado quería obtener, con independencia del concreto objeto del proceso, fue la retribución con la que se dobló la rectitud e imparcialidad propias de la función jurisdiccional. En definitiva, lo que el Magistrado acusado obtuvo el día 16 de marzo de 2016 lo fue abusando de la posición que el
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derecho otorga al Juez Instructor con evidente quebranto de sus deberes constitucionales.
Para blanquear procesalmente esta atentatoria conducta contra el deber de integridad, probidad e imparcialidad que el ejercicio de la función jurisdiccional imponía al Magistrado, diseñó el acusado el modo de cómo unir a la causa los contratos que, mediante la promesa de “cargarse” el procedimiento judicial que instruía y de que la Fiscal “se tendría que joder”, le iba a entregar como precio del clandestino acuerdo el investigado don Miguel Ángel Ramírez Alonso. Como estratagema ideó el acusado que lo citaría con urgencia para recibirle declaración judicial como investigado el 23 de marzo de 2016 y conforme al desarrollo del interrogatorio -previamente amañado e ideado de común acuerdo con el investigado en los concretos y corruptores términos antes referidos- aflorar y unir a las actuaciones (DP 644/2014) los contratos que acreditaban una relación hasta el año 2009 entre don Miguel Ángel Ramírez Alonso –como administrador de hecho de la entidad Gestiones y Asesoramiento 3000 - con empresas con las que había estado relacionado la pareja de la anterior Instructora, así como, la documentación contable referida a la prestación del servicio de limpieza de las oficinas de don Carlos Sosa por medio de la empresa Ralons Servicios, propiedad de don Miguel Ángel Ramírez.
Así, el 18 de marzo de 2016 el acusado dictó la resolución judicial que ordenaba la citación como investigado de don Miguel Ángel Ramírez Alonso para el día convenido de 23 de marzo de 2016, a fin de culminar su alianza e introducir en el objeto procesal los delatores contratos mercantiles y el reconocimiento por el empresario investigado de la existencia de una relación mercantil con la pareja de la anterior Instructora.
El arreglo entre el Magistrado acusado y el investigado se escenificó, en la fecha señalada, cuando tuvo lugar la declaración judicial de este último. Declaración que discurrió por el camino previamente ideado, diseñado y convenido reservadamente por el Magistrado acusado y el propio investigado.
Una vez practicada la declaración judicial de don Miguel Ángel Ramírez Alonso el 23 de marzo de 2016, el Magistrado acusado solicitó al personal de
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secretaría del Juzgado una copia de la grabación realizada de la mencionada declaración. Seguidamente, faltando al deber de sigilo propio de la función de Juez de Instrucción, y a sabiendas de que la divulgación de la grabación produciría un perjuicio para el crédito profesional de la Sra. Rosell, facilitó ese material con la citada finalidad al periodista don Fernando Lázaro quien, en el ejercicio de su labor profesional, procedió a su publicación en la edición del periódico El Mundo en fecha 25 de marzo de 2016.
Con posterioridad, y continuando con su ilícito proceder, el acusado remitió el 20 de abril de 2016 un informe solicitado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la Causa Especial num. 3/20137/2016, referido a las DP 644/2014. En este informe realizó afirmaciones inexactas, mendaces e inveraces, así como omitió datos procesales clave que, de haberlos hecho constar, acarrearía una versión distinta de la situación respecto de la que afirmaba y el texto expreso del referido informe sugería por sí solo.
En concreto, el acusado en su informe elevado al Alto Tribunal -de fecha 20 de abril de 2016- ocultó a la Sala Segunda del Tribunal Supremo el hecho nuclear y decisivo del pacto reservado que había formalizado con don Miguel Ángel Ramírez Alonso: una declaración orientada a incorporar en la causa, como prueba documental, las relaciones comerciales de diversas empresas pertenecientes a don Miguel Ángel Ramírez Alonsos (Gestiones y Asesoramiento 3000 y otras integradas en el Grupo Ralons) con don Carlos Sosa Báez, pareja sentimental de la Diputada doña María Victoria Rosell a cambio de “cargarse” el procedimiento judicial. El Magistrado acusado deformó a su conveniencia, siendo plenamente consciente de que hacía una mendaz narración de los hechos, la reservada reunión que mantuvo con el investigado don Miguel Ángel Ramírez Alonso. De esta forma, el acusado privó a conciencia a la Sala Segunda del Tribunal Supremo del verdadero concierto orquestado e hizo creer en su informe el hecho falso de que el hallazgo de la indicada relación comercial (ya referida) obedecía a una espontánea manifestación que don Miguel Ángel Ramírez realizó en el transcurso de la declaración judicial que como investigado prestó en la fecha de 23 de marzo de 2016. Jamás desveló el Magistrado el pacto clandestino alcanzado en la fecha
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de 16 de marzo de 2016 entre él y el investigado. Hizo pasar como espontáneo lo que urdió en secreto y quebrantando su deber de probidad. Revistió como un hallazgo propio del estudio de la causa y de las declaraciones espontáneas del investigado lo que realmente se obtuvo a cambio de pactar “cargarse el procedimiento”.
La Excma. Sala Segunda del Tribunal Supremo acordó, en Auto de 25 de abril de 2016, admitir a trámite la querella formulada contra doña Victoria Rossell Aguilar –en esos momentos Diputada en el Congreso- por don José Manuel Soria López, Ministro de Industria, Energía y Turismo, por delitos relativos a su actuación como Magistrada en la instrucción de las DP 644/2014.
Posteriormente, doña Victoria Rosell Aguilar renunció como integrante de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, de la que formaba parte al disolverse las Cortes Generales el 3 de mayo de 2016.
El acusado Salvador Alba Mesa cesó en el Juzgado de Instrucción no 8 de Las Palmas de Gran Canaria el 3 de mayo de 2016 sin que dictase ninguna resolución de fondo relacionado con el archivo o sobreseimiento de las actuaciones.
Don Miguel Ángel Ramírez Alonso compareció el 11 de mayo de 2016 en el Juzgado de Instrucción no 8 de Las Palmas de Gran Canaria, en el cauce de las DP 644/2014, donde aportó un pen drive que contenía la grabación de la reunión mantenida con don Salvador Alba Mesa el 16 de marzo de 2016 en su despacho de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, dando lugar a que la nueva Magistrada Instructora que en ese momento ejercía sus funciones en el citado Juzgado, abriese pieza separada que remitió a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, lo que determinó la incoación del presente procedimiento.
SEGUNDA.- Los hechos relatados son constitutivos de los siguientes delitos:
  1. a)  DELITO DE PREVARICACIÓN JUDICIAL del artículo 446.3o del Código Penal.
  2. b)  DELITO DE COHECHO del artículo 419 del Código Penal.
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c) DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL COMETIDO POR FUNCIONARIO PÚBLICO del artículo 390.1.4o del Código Penal.
d) DELITO DE REVELACIÓN DE SECRETOS del artículo 417.1o párrafo segundo del Código Penal
TERCERA.-Es criminalmente responsable, en concepto de AUTOR, el acusado, SALVADOR ALBA MESA según los artículos 27 y 28 del CP.
CUARTA.-No concurren en el acusado SALVADOR ALBA MESA circunstancias modificativas de responsabilidad criminal.
QUINTA.-Procede imponer al acusado SALVADOR ALBA MESA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66.1.6a las siguientes penas:
-Por el delito de PREVARICACIÓN JUDICIAL (446.3o CP): la pena de 18 meses de multa, a razón de 25 euros de cuota diaria, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas ( 53 CP) y la pena 12 años de inhabilitación especial para el cargo de Juez o Magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.
-Por el delito de COHECHO (419 CP) la pena de 4 años de prisión, la pena de 18 meses de multa a razón de25 eurosde cuota diaria, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas( 53 CP), la pena de 10 años de inhabilitación especial para el cargo de Juez o Magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo y la pena de 10 años de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo
-Por el delito de FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL ( 390.1.4o CP) la pena de 4 años de prisión, la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, la pena de 18 meses de multa, a razón de 25 EUROS de cuota diaria, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas( 53 CP) y la pena de 3 años de inhabilitación especial para el cargo de Juez o Magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como la incapacidad para obtener
durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.
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-Por el delito de REVELACIÓN DE SECRETOS (417.1o párrafo segundo CP) la pena de 2 años de prisión, la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, y la pena de 4 años de de inhabilitación especial para el cargo de Juez o Magistrado, con perdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, así como la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.
-Responsabilidad Civil. El acusado indemnizará a doña Victoria Rosell Aguilar en la cantidad en que se acredite en ejecución de sentencia por los perjuicios sufridos a consecuencia de la acción del acusado.
Abono de las Costas procesales (123 y 124 CP).
Las Palmas de Gran Canaria a 5 de abril de 2018 EL FISCAL
Fdo. Vicente Garrido García
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