Mario Cabrera: "Una marea negra dejaría Fuerteventura sin agua en 72 horas"

Incluso por encima del turismo, está la total dependencia de la población del agua desalada. Este será el argumento principal de rechazo a las propecciones de Repsol frente a la costa de Fuerteventura que utilizará el Cabildo de la isla para oponerse al permiso final que el Ministerio de Industria se propone dar en días a la petrolera. El presidente del Cabildo majorero, Mario Cabrera, subrayó este martes que, en caso de marea negra, Fuerteventura se quedaría en 72 horas sin agua para atender a su población residente y de turistas, un riesgo del que la institución alertará a Europa en un último recurso para intentar frenar las prospecciones.

Este gráfico señala la posición de cada desaladora en Fuerteventura.

El riesgo de impacto directo sobre las desaladoras por contaminación del agua marina con hidrocarburos está expresamente contemplado en uno de los informes aportados por Repsol al expediente de los sondeos de Canarias que maneja el Ministerio de Industria. El informe admite la hipótesis de una afección directa de los vertidos sobre las desaladoras, incluida la de Puerto del Rosario, por la severidad de la hipotética contaminación y precisamente por este motivo eleva de “medio” a “alto” el riesgo social de un vertido incontrolado de petróleo en el peor de los supuestos contemplados. Mario Cabrera subrayó este martes que ninguna isla, y desde luego tampoco Fuerteventura, está preparada ni tiene alternativas para enfrentarse a un desastre que dejara inutilizadas las potabilizadoras de agua de abasto, de la que tanto Fuerteventura como Gran Canaria tienen una altísima dependencia.

Cabrera recordó que todas las desaladoras públicas y ligadas al sector turístico están en la costa Este de Fuerteventura, esto es, la primera que recibiría el golpe en caso de un reventón de los pozos o de las conducciones en el curso del proceso exploratorio programado por Repsol. Cabrera recalcó que, aunque situada más al Norte, del efecto no se libraría la potabilizadora pública más cercana a Puerto del Rosario, la capital de la isla, un extremo que también admite uno de los informes de consultoría aportados por Repsol.

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