sábado, 7 de junio de 2014

Rivero planea un referéndum 'casero' sobre el petróleo con un censo de voluntarios

Paulino Rivero, junto a diputados baleares del grupo MES. Foto distribuida por el Gobierno de Canarias.


El Gobierno de Canarias estudia la posibilidad de lanzar un referéndum no oficial realizado con censos de inscripción voluntaria para los ciudadanos y con voto a pie de urna y, aunque se trate de una consulta con un resultado no vinculante, busca en estos momentos cómo organizarlo de forma que arroje un resultado revestido de la máxima credibilidad posible ante el rechazo del PP a la hipótesis de una consulta formal al amparo del artículo 92 de la Constitución Española. El Gobierno de Paulino Rivero mantendrá una doble actuación de rechazo a las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Ministerio de Industria a la compañía Repsol frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura y prepara una nueva andanada de recursos en la vía judicial, esta vez contra el segundo permiso que tendrá que aprobar José Manuel Soria tras la declaración de impacto ambiental ratificada y anunciada en la víspera del Día de Canarias, confirmó esta tarde el comisionado de autogobierno y persona de confianza de Rivero para hacer un seguimiento a la polémica del petróleo, Fernando Ríos.


Se trata todavía de una hipótesis, pero el Gobierno avanza en los preparativos de ese posible referéndum no oficial que se celebraría “lo antes posible”, es decir, antes de que Repsol comience de manera efectiva los sondeos a unos 50 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura. Todas las posibilidades que maneja el Ejecutivo autonómico giran en torno al artículo 20 de la ley canaria de participación ciudadana. Este artículo faculta expresamente al presidente del Gobierno a “recabar la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de interés general de competencia autonómica, mediante sondeos, encuestas o cualquier otro instrumento de participación ciudadana”. Es obvio que autorizar o no prospecciones petrolíferas no constituye una competencia autonómica. Pero es más que previsible que, frente a este argumento, el Ejecutivo argumente que sí lo es proteger el gran pulmón de la economía canaria, es decir, un turismo de sol y playa cuya principal fortaleza son el litoral y el buen clima de Canarias.

La ley de participación ciudadana, que data de 2010, permitiría otros mecanismos de consulta, entre ellas la posibilidad de recabar la opinión de los ciudadanos mediante encuestas telemáticas o la hipótesis de sustituir un referéndum por una consulta a expertos a los que se reconozca autoridad para opinar. En realidad, todas estas posibilidades están sobre la mesa del Ejecutivo de Paulino Rivero. Pero el presidente fue un paso más allá esta semana cuando, en medio de la irritación generalizada por el día escogido por Madrid para anunciar la declaración de impacto ambiental sobre los sondeos de Repsol, Rivero ya insinuó que, lo quieran o no el Gobierno de Mariano Rajoy y su ministro Soria, Canarias será consultada sobre las prospecciones. Pues bien, la vía es un “referéndum doméstico” realizado sobre un censo previo configurado a partir de la inscripción voluntaria de los ciudadanos, ratificó esta tarde Fernando Ríos.

El Gobierno autonómico no puede plantearse otra manera de consultar a los ciudadanos a pie de urna, pues le está vedada cualquier posibilidad de utilizar los padrones municipales. Para empezar, porque parte de la base de que los municipios gobernados por el PP no iban a prestar en modo alguno su colaboración para una consulta de esta naturaleza. En segundo lugar, por las dudas de legalidad: Fernando Ríos explicó que, con la ley de protección de datos en la mano, no es posible usar esos censos municipales. Salvo que Madrid permitiera una consulta al amparo del artículo 92 de la Constitución, lo que no entra ni mucho menos en los cálculos del PP y mucho menos del ministro de Industria, José Manuel Soria.

Ríos descarta que un referéndum casero de esta naturaleza se vea desnaturalizado de entrada por la hipótesis de que solo se inscriban como votantes aquellos ciudadanos que quieran decir ‘no’ a las prospecciones y subrayó que, al tratarse de una inscripción voluntaria, podrían registrarse tanto los defensores de los sondeos como los ciudadanos que los rechacen. En todo caso, el comisionado sí destacó el interés del Ejecutivo de darle a la consulta “la máxima credibilidad posible”.

Pero entretanto, también proseguirá la batalla judicial. El Gobierno de Canarias se plantea ahora acudir a la Audiencia Nacional cuando el Ministerio de Industria revalide el permiso a Repsol tras la declaración de impacto ambiental y en ese momento pedirá además como medida cautelar la suspensión inmediata de las prospecciones. Según este razonamiento, Madrid no podía emitir la declaración de impacto ambiental hasta no haber sometido a exposición pública todos los informes sobrevenidos sobre el caso. Ríos se refiere en particular a la documentación surgida con posterioridad a la primera fase de exposición pública y las alegaciones formuladas, contestadas mayoritariamente por Repsol.

A juicio del comisionado, toda esa documentación debería someterse también a exposición pública si se quiere dar un cumplimiento riguroso al real decreto de 2008 que contiene el texto refundido de la ley de impacto ambiental de proyectos. Además está pendiente un pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el real decreto original que dio pie al proceso de autorización de las prospecciones de Repsol.

En la foto, distribuida por el Gobierno de Canarias, Paulino Rivero posa con diputados baleares del grupo MES con una camiseta azul donde se expresa el rechazo a los sondeos proyectados en aguas de Baleares, autorizados en su día por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

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